El secretario del Ayuntamiento de Santa Bárbara, Francisco Javier Alvídrez Rodríguez, confirmó que la funcionaria municipal inhabilitada por diez años para ejercer cargos públicos por la Auditoría Superior del Estado (ASE) continúa laborando en la administración municipal, debido a que, hasta el momento, no se ha recibido notificación oficial por parte de ninguna autoridad respecto a dicha sanción.
El funcionario explicó que, mientras no exista una notificación formal, el Ayuntamiento no cuenta con elementos legales para proceder a la separación del cargo. Detalló que la empleada, quien inicialmente se desempeñaba en el área de contabilidad, fue reasignada al área de Acción Cívico Social, donde actualmente continúa prestando sus servicios.
La ASE informó que la servidora pública, identificada con las iniciales M.V.A.M., quien fungía como contadora adjunta de la Dirección de Finanzas y responsable de realizar las aportaciones de los trabajadores ante el Infonavit, aprovechó su posición para pagar cuotas superiores a las que legalmente le correspondían para su crédito hipotecario, utilizando recursos del municipio. Con esta acción, obtuvo un beneficio indebido por 91 mil 326 pesos.
Durante la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios fiscales 2021 y 2022, los auditores detectaron que la funcionaria omitió descontarse de su salario el monto correspondiente, el cual fue absorbido por el Ayuntamiento y posteriormente transferido al Infonavit, generando un daño patrimonial a las finanzas municipales.
Derivado de estas irregularidades, la ASE presentó la denuncia correspondiente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA). Tras el análisis del caso, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas determinó la existencia de faltas graves, entre ellas desvío de recursos y abuso de funciones.
Como resultado, se impuso a la funcionaria una inhabilitación temporal por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Además, se le ordenó el pago de una sanción económica por 183 mil 565 pesos, monto que representa más del doble de los recursos desviados.
La Auditoría Superior del Estado reiteró que la resolución ya fue emitida por la autoridad jurisdiccional, mientras que el Ayuntamiento de Santa Bárbara sostuvo que actuará conforme a la ley una vez que reciba la notificación oficial correspondiente.